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Redacción de Reuters -España adelanta proceso para intervenir en Cataluña, se iniciaran trámites el sábado

 

 

 

 

Por Redacción de Reuters

MADRID
Petroleumworld 19 10 2017

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, reunirá a su consejo de ministros en sesión extraordinaria el sábado para iniciar los trámites que llevarían a una intervención de la autonomía catalana prevista en la Constitución y nunca antes utilizada.

“El Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”, dijo el Ejecutivo central en un comunicado.

El anuncio se produjo minutos después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, amenazase con votar en el Parlament la declaración formal de secesión.

“Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar con la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el 10 de octubre”, dijo Carles Puigdemont.

En una carta al presidente del gobierno Mariano Rajoy a diez minutos de cumplirse el plazo para que aclarase si se había proclamado o no la independencia y para que restaurase “el orden constitucional alterado”, Puigdemont reconocía así implícitamente que no se había declarado formalmente la independencia.

“El Gobierno de España ha constatado a las 10 horas de esta mañana (...) la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender el requerimiento (...)”, dijo sin embargo el gobierno en una nueva vuelta de tuerca a una batalla institucional y dialéctica que se libra no solo en el ámbito político, sino también en los tribunales, los medios y la calle, y que está ya teniendo efectos económicos.

En su misiva Puigdemont acusa a Rajoy de negarse al diálogo y no revertir “la represión”, criticando el reciente ingreso en prisión de los líderes de dos organizaciones sociales independentistas.

“En mi carta del lunes le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido atendida (...) la represión se ha incrementado”, dijo Puigdemont recordando que “la decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado”.

“Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no es consciente del problema y que no se quiere hablar”, dijo adelantándose a la respuesta del Gobierno.

La Administración central, por su parte, asegura que las medidas que aprobará el sábado y que deberán posteriormente ser refrendadas en el Senado, estarán consensuadas con distintas formaciones políticas y buscan “proteger el interés general de los españoles y restaurar el orden constitucional”.

El gobierno del PP en minoría cuenta en este conflicto con el apoyo del principal partido de la oposición, PSOE y de la cuarta fuerza en el Congreso, Ciudadanos. Juntos suman 254 diputados, más del 70 por ciento de la Cámara Baja.

“El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña”, dijo el Gobierno.

El presidente catalán anunció en una confusa comparecencia en el Parlament el pasado diez de octubre que iba a aplicar las medidas previstas para declarar la independencia aunque segundos después dijo que dejaba en suspenso la decisión para tratar de entablar un diálogo.

El gobierno central reclamó entonces que Puigdemont aclarase por escrito si se había declarado la independencia o no emplazándole a retractarse en caso de respuesta positiva y bajo la amenaza de las medidas extraordinarias si no respondía o no daba marcha atrás.

EL MERCADO VUELVE A CASTIGAR LA INCERTIDUMBRE

La bolsa, que ha sufrido en las últimas semanas los efectos de la incertidumbre asociada al proceso, reaccionó con caídas al nuevo desencuentro.

El gobierno tuvo que revisar esta semana tres décimas a la baja su previsión de crecimiento económico para 2018 mientras que la autoridad fiscal independiente dijo que un efecto prolongado del problema podría restar hasta 1,2 puntos - más de 12.000 millones de euros- al PIB de 2018.

Entretanto, los temores relacionados con una hipotética inseguridad jurídica han llevado a 800 empresas - incluyendo algunas de las más emblemáticas de la región - a trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña.





reuters.com 18 10 2017

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