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Maduro y 14 funcionarios venezolanos acusados de narcoterrorismo - EEUU

DEA/ reporteindigo.com

Maduro y otros altos funcionarios venezolanos supuestamente se asociaron con las FARC para usar la
cocaína como un arma para "inundar" los Estados Unidos.

Por Petroleumworld

CARACAS
Petroleumworld 27 03 2020


El ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente de economía de Venezuela, el ministro de defensa de Venezuela y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela se encuentran entre los acusados en la ciudad de Nueva York, Washington, D.C. y Miami, junto con actuales y ex funcionarios del gobierno venezolano y dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunció el Fiscal General de los Estados Unidos William P. Barr. El Fiscal Geoffrey S. Berman del Distrito Sur de Nueva York, la Fiscal de los Estados Unidos Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Penal del Departamento de Justicia, el Administrador interino Uttam Dhillon de la Dirección de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos y el Director Ejecutivo Adjunto interino Alysa D. Erichs de las Investigaciones de Seguridad Nacional de la Dirección de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.

"El régimen venezolano, que en su día estuvo dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue estando plagado de criminalidad y corrupción", dijo el Fiscal General Barr. "Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, causando que toneladas de cocaína que entraron y devaston las comunidades estadounidenses". El anuncio de hoy se centra en la erradicación de la extensa corrupción dentro del régimen venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a los más altos niveles del gobierno. Los Estados Unidos no permitirán que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario de los Estados Unidos para trasladar sus ganancias ilícitas desde América del Sur ni fomentar sus planes delictivos".

"Hoy anunciamos los cargos criminales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales tenientes, una asociación de narcoterrorismo con las FARC durante los últimos 20 años", dijo el fiscal Berman. "El alcance y la magnitud del narcotráfico alegado fue posible sólo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron protección política y militar para los desenfrenados crímenes de narcoterrorismo descritos en nuestros cargos". Como se alega, Maduro y los demás acusados tenían la intención expresa de inundar los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro muy deliberadamente desplegó la cocaína como arma. Mientras que Maduro y otros miembros del cártel tenían altos títulos en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la acusación no era de estado o de servicio al pueblo venezolano. Como se alega, los acusados traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenarse los bolsillos con el dinero de la droga".

"Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente miles de millones de dólares de Venezuela", dijo el fiscal Fajardo Orshan. "Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han utilizado bancos y bienes raíces del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como demuestran los recientes cargos, la corrupción y el lavado de dinero venezolanos en el sur de la Florida se extiende incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos dos años, la Fiscalía de los Estados Unidos en el sur de la Florida y sus socios en la aplicación de la ley federal se han unido para presentar docenas de cargos criminales contra funcionarios de alto nivel del régimen y co-conspiradores que han resultado en incautaciones de aproximadamente 450 millones de dólares".

"Estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro", dijo el Administrador en funciones Dhillon. "Estos funcionarios traicionaron repetidamente y a sabiendas al pueblo de Venezuela, conspirando, para su beneficio personal, con traficantes de drogas y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un claro mensaje a los funcionarios corruptos de todo el mundo de que nadie está por encima de la ley o fuera del alcance de las fuerzas del orden de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los despiadados traficantes de drogas, sin importar quiénes sean o dónde vivan".

"El carácter de colaboración de esta investigación es representativo de la labor continua que Investigaciones de seguridad nacional ( HSI ) y los organismos internacionales de aplicación de la ley realizan cada día, a menudo entre bastidores y sin que el público lo sepa, para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y estén libres de corrupción", dijo el Director Ejecutivo Adjunto interino Erichs. "El anuncio de hoy pone de relieve el alcance mundial de HSI y su compromiso de identificar, atacar e investigar agresivamente a los individuos que violan las leyes de los Estados Unidos, explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptografía para fomentar su actividad delictiva ilícita. Que esta acusación sea un recordatorio de que nadie está por encima de la ley - ni siquiera los funcionarios políticos poderosos".

Una acusación de cuatro cargos se abrió hoy en el Distrito Sur de Nueva York y acusa a Nicolás Maduro Moros, de 57 años; Diosdado Cabello Rondón, de 56 años, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, alias "El Pollo", de 59 años, ex director de inteligencia militar; Clíver Antonio Alcalá Cordones, de 58 años, ex general de las fuerzas armadas venezolanas; Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", 64, miembro del Secretariado de las FARC, que es el máximo órgano de dirección de las FARC; y Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias "Jesús Santrich", 53, miembro del Alto Mando Central de las FARC, que es el segundo máximo órgano de dirección de las FARC. El caso está pendiente ante el Juez de Distrito de EE.UU. Alvin K. Hellerstein.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, ofrece recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro Moros, hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, y hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Marín Arango.

Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango y Hernández Solarte han sido acusados: (1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua; (2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua; (3) usar y llevar ametralladoras y dispositivos de destrucción durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos de destrucción en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una máxima de cadena perpetua; y 4) Conspirar para utilizar y transportar ametralladoras y dispositivos de destrucción durante y en relación con las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, así como para poseer ametralladoras y dispositivos de destrucción en apoyo de dichas conspiraciones, lo que conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Las posibles sentencias mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí sólo a título informativo, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por el juez.

De acuerdo con las alegaciones contenidas en la acusación sustitutiva, otras presentaciones judiciales y las declaraciones hechas durante los procedimientos judiciales:

Desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y administradores del Cártel de Los Soles. El nombre del cártel se refiere a las insignias solares que se colocan en los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango. Maduro Moros y los otros miembros del cártel acusados abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela -incluyendo partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial- para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El Cártel de Los Soles trató no sólo de enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también de "inundar" los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a los usuarios de los Estados Unidos.

Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de las FARC. Desde aproximadamente 1999, mientras las FARC pretendían negociar la paz con el gobierno colombiano, los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cártel de Los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección del Cártel. A partir de entonces, las FARC y el Cártel de Los Soles despacharon cocaína procesada de Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estimó que por Venezuela transitaban 250 o más toneladas de cocaína por año. Las remesas marítimas se enviaban al norte de la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos pesqueros y buques portacontenedores. Los envíos aéreos se despachaban a menudo desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sólo en 2010 entraron en el espacio aéreo hondureño aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico, utilizando lo que se conoce como la ruta de la cocaína "puente aéreo" entre Venezuela y Honduras.

En su calidad de dirigente del Cártel de Los Soles, el Sr. Maduro Moros negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcionara armas de uso militar a las FARC; coordinó las relaciones exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas en gran escala; y solicitó asistencia a los dirigentes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas del Cártel de Los Soles.

La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales. Los fiscales adjuntos Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.

* * *

Una acusación abierta hoy en el Distrito de Columbia acusa a Vladimir Padrino López, 56, ministro de defensa de Venezuela. La acusación alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.

Padrino López, que tiene el rango de general en las fuerzas armadas venezolanas, tenía autoridad para interceptar aviones, muchos de ellos registrados en los Estados Unidos, que se sospechaba que se utilizaban para traficar drogas desde Venezuela a países de América Central. En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó a los militares venezolanos a obligar a aterrizar o derribar las aeronaves sospechosas de tráfico. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves cuyos coordinadores de tráfico de drogas le pagaban sobornos transitaran en condiciones de seguridad por el espacio aéreo venezolano.

El 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Padrino López en su Lista de Nacionales Especialmente Designados. De conformidad con la Ley de Designación de Nacionales Extranjeros de Narcóticos, esto significa que sus activos están bloqueados y las personas de EE.UU. generalmente tienen prohibido realizar transacciones financieras con él.

La Oficina de Distrito de Orlando de la DEA dirigió la investigación, que contó con el apoyo del programa del Grupo de Trabajo para la Lucha contra el Crimen Organizado y las Drogas y la Oficina de Operaciones de la División Penal. El Jefe Adjunto interino Charles Miracle y los abogados litigantes Michael Christin y Kirt Marsh de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están llevando el caso.

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Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente del Tribunal Supremo venezolano, fue acusado a través de una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y de dinero en relación con la supuesta recepción corrupta o intención de recibir decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

En la denuncia se alega, por ejemplo, que el demandado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de 100 millones de dólares a cambio de un porcentaje personal de las ganancias. De manera análoga, en la demanda se alega que el acusado recibió sobornos para autorizar la desestimación de los cargos o la liberación de venezolanos, incluido un cargo en un plan de fraude multimillonario contra la empresa petrolera estatal venezolana.

Según la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Moreno Pérez dijo a las autoridades estadounidenses en una solicitud de visado que ganaba el equivalente a unos 12.000 dólares al año por su trabajo en Venezuela. Entre 2012 y 2016, los registros bancarios del acusado en Estados Unidos muestran aproximadamente 3 millones de dólares en entradas a las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares redondos de corporaciones ficticias con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Co-Conspirador 1, que es un ex abogado defensor criminalista en Venezuela que actualmente controla una empresa de medios de comunicación en Venezuela.

Como se establece en la demanda penal, los registros bancarios del acusado supuestamente muestran que de 2012 a 2016, el acusado gastó aproximadamente 3 millones de dólares, principalmente en el área geográfica del sur de la Florida. Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó alrededor de 1 millón de dólares en un avión privado y un piloto privado, más de 600.000 dólares en compras con tarjetas de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de la Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbor, como Prada y Salvatore Ferragamo), alrededor de 50.000 dólares en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente 40.000 dólares en pagos a una directora de un concurso de belleza venezolano.

La oficina de campo de HSI en Miami llevó a cabo la investigación. El Asistente del Fiscal Michael N. Berger del Distrito Sur de Florida está a cargo de la acusación.

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Una acusación aparte, que sustituye a la de hoy en el Distrito Sur de Nueva York, acusa a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, vicepresidente de economía de Venezuela, Joselit Ramírez Camacho, 33, El superintendente de criptografía de Venezuela (Sunacrip), y Samark López Bello, de 45 años, un empresario venezolano, con una serie de delitos relacionados con los intentos de evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.

La acusación alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas y entidades con sede en los Estados Unidos para prestar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro en 2018, en violación de las sanciones impuestas por la OFAC a Maduro después de que organizara elecciones para la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que ahora dirige Cabello Rondón.

El Departamento de Estado de EE.UU., a través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve al arresto y/o condena de El Aissami Maddah.

La Oficina de Campo de HSI en Nueva York condujo la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales. Los asistentes del fiscal Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.

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Otros individuos acusados en acusaciones separadas incluyen:

Luis Motta Domínguez, de 67 años, ex ministro de energía, fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su presunta participación en el blanqueo de las ganancias de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en relación con su presunta recepción de sobornos para adjudicar negocios de Corpoelec a empresas con sede en los Estados Unidos;


Néstor Reverol Torres, de 55 años, ex director general de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela y ex comandante de la Guardia Nacional de Venezuela, y Edylberto José Molina Molina, de 57 años, ex subdirector de la ONA de Venezuela y actual agregado militar de Venezuela en Alemania, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína en la que supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos;


Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, alias "Mauro" y "Ángel", de 47 años de edad, ex capitán de la Guardia Nacional venezolana, fue acusado en un tercer acta de acusación sustitutiva en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración de distribución internacional de cocaína entre el 1º de enero de 2004 y el 1º de diciembre de 2009;


Rafael Antonio Villasana Fernández, de 48 años, ex oficial de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración de distribución internacional de cocaína entre el 1º de enero de 2004 y el 1º de diciembre de 2009. Según documentos judiciales, Kotosky y Villasana supuestamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera con Colombia hasta varios aeropuertos y puertos marítimos de Venezuela para su importación definitiva a los Estados Unidos;


Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, 52, ex viceministro de energía de Venezuela, fue acusado en una acusación de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas por conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por su presunto papel en un esquema de lavado de dinero internacional que involucra sobornos pagados por los dueños de compañías con base en los Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar de manera corrupta los contratos de energía y la prioridad de pago en las facturas pendientes; y


Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51 años, ex oficial de la fuerza aérea venezolana, acusado en el Distrito de Arizona de violaciones de la Ley de Control de Exportación de Armas. Presuntamente conspiró con otros, incluidas personas asociadas con una empresa de aviación de Arizona, para pasar de contrabando desde los Estados Unidos a Venezuela motores de aviones militares T-76 utilizados en aviones OV-10 Bronco a personas en Venezuela y presuntamente hizo declaraciones falsas y engañosas en documentos de control de embarque y exportación para ocultar las actividades y transacciones prohibidas a la detección del Gobierno de los Estados Unidos.

Una acusación es simplemente una alegación y se presume la inocencia de todos los acusados hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

Fuente: DEA nota de prensa

Nota de Petroleumworld. Traduccion libre de Petroleumworld.

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27 03 2020

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